PROTECCION DEL AMBIENTE
lunes, 11 de julio de 2011
domingo, 10 de julio de 2011
ETIQUERTADO ECOLOGICO
Existen varios instrumentos que pretenden reducir los efectos ambientales de los productos durante su ciclo de vida, todos ellos promovidos por la Política Integrada de Producto (PPI). La PPI se centra en las decisiones tomadas en cada una de las fases del producto, desde la extracción de materias primas, producción, distribución, utilización hasta la gestión de residuos, y en los puntos de mejora en cada una de ellas, especialmente en el diseño ecológico de los productos, la elección informada del consumidor y en los precios del producto. Para incrementar la demanda ecológica es imprescindible que los consumidores tengan un fácil acceso a la información de las características ambientales de los productos, y esto se consigue a través del etiquetado del producto.
Hay que diferenciar entre las libres declaraciones del fabricante, que llevan en algunas ocasiones a información confusa. Términos y expresiones como “eco”-, “natural”, “producto ecológico”, “verde”, “no contamina”, “amigo de la naturaleza”, etc. Y las ecoetiquetas o certificaciones de tercera parte reconocidas, por las que el consumidor tiene la certeza de que el producto o servicio ha sido evaluado durante todo su ciclo de vida y controlado por un organismo independiente, que certifica que cumple los requisitos ambientales exigidos.
La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha desarrollado diferentes opciones de etiquetado ecológico:
Los principales motivos de la no aceptación del ecoetiquetado son las dificultades técnicas y económicas del sistema: elevados costes en el proceso de implantación, obtención y tramitación, lentitud de los procesos administrativos y dificultades técnicas en el cumplimiento de los requisitos necesarios para su obtención.
Hay que diferenciar entre las libres declaraciones del fabricante, que llevan en algunas ocasiones a información confusa. Términos y expresiones como “eco”-, “natural”, “producto ecológico”, “verde”, “no contamina”, “amigo de la naturaleza”, etc. Y las ecoetiquetas o certificaciones de tercera parte reconocidas, por las que el consumidor tiene la certeza de que el producto o servicio ha sido evaluado durante todo su ciclo de vida y controlado por un organismo independiente, que certifica que cumple los requisitos ambientales exigidos.
La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha desarrollado diferentes opciones de etiquetado ecológico:
- ISO tipo I: etiquetas verificadas por terceros, como la Etiqueta Ecológica Europea. Su obtención está condicionada a disponer de un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y de una certificación de los datos realizada por un organismo independiente.
- ISO tipo II: las declaraciones medioambientales y las declaraciones del propio fabricante. La Comisión utiliza directrices para la elaboración y evaluación de las declaraciones medioambientales del fabricante, dirigidas a los fabricantes o distribuidores, basándose en la norma ISO 14021:1999, para evitar las afirmaciones engañosas y favorecer las correctas. No necesitan un Análisis del Ciclo de Vida del producto y tampoco es necesario la certificación de un organismo independiente.
- ISO tipo III: declaraciones medioambientales sobre productos, en la que no es necesaria la certificación de un organismo independiente, pero disponen de un Análisis de Ciclo de Vida parcial.
Objetivos
Los principales objetivos que el etiquetado ecológico permite alcanzar son los siguientes:- Facilitar con exactitud y veracidad información ambiental sobre los productos, que ayuda a mejorar la capacidad de selección de los consumidores. Y al mismo tiempo sensibilizar a los mismos sobre los impactos que los productos ocasionan al medio.
- Mejorar las ventas y/ o la imagen de un producto. En base a lo anterior, en función de la sensibilización del consumidor, se mejora la imagen de un producto, y en función de la capacidad de selección se mejoran las ventas.
- Inculca a los fabricantes y diseñadores de productos y servicios, el sentimiento de corresponsabilidad. El etiquetado ecológico inducirá a los responsables de la actividad a incorporar las consideraciones medioambientales al proceso productivo o de desarrollo.
- Como instrumento correctivo, el etiquetado ecológico favorece la defensa y la protección del medio ambiente.
Dificultades y fortalezas
Los sectores clave implicados en la implantación de ecoetiquetas son los consumidores, la administración, y las empresas, por lo tanto un aspecto fundamental es el intercambio de información sobre ecoproductos entre dichos sectores. En primer lugar, la sensibilidad ambiental de los consumidores favorece el incremento de la demanda de productos ecológicos. Por otro lado, la administración debe promocionar los productos con ecoetiqueta, ya sea mediante instrumentos económicos (subsidios, ayudas) o publicidad, porque favorecen la disminución del impacto ambiental global. En este contexto sería importante hacer referencia a la modificación introducida en el nuevo Reglamento Europeo sobre Etiqueta Ecológica Europea, por la que se favorece a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y a los países en desarrollo, disminuyendo el canon para la solicitud de la ecoetiqueta. Y por último, las empresas han de valorar que el medio ambiente es un factor de competitividad, y la ecoetiqueta un elemento diferenciador del producto, lo que les repercutirá en importantes beneficios como puede ser la reducción de la utilización de recursos y energía, el aumento de las ventas y una valoración positiva por parte de la sociedad.Los principales motivos de la no aceptación del ecoetiquetado son las dificultades técnicas y económicas del sistema: elevados costes en el proceso de implantación, obtención y tramitación, lentitud de los procesos administrativos y dificultades técnicas en el cumplimiento de los requisitos necesarios para su obtención.
sábado, 2 de julio de 2011
NOTICIAS INTERNACIONALES
Asia Central: gestionar el agua para la paz
La utilización eficiente y colectiva de las aguas de la cuenca del río Amu Darya, que desemboca en el degradado mar de Aral, es fundamental para conseguir la seguridad alimentaria y la paz en Asia Central, según un informe del Programa Medioambiental de la ONU (UNEP) difundido hoy.
Este estudio de la UNEP, presentado en Ginebra, constituye el primer esfuerzo diplomático que establece líneas de acción comunes acordadas por los países que forman parte de la cuenca del río Amu Darya (Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) para hacer frente a la degradación y pérdida de recursos acuíferos en la zona.
"La competencia por la escasez de agua y recursos naturales que dependen de ella podría causar conflictos entre estos países, por lo que la cooperación entre ellos para implementar políticas medioambientales y agrícolas es fundamental", subrayó el director regional de la UNEP para Europa, Christophe Bouvier.
Bouvier explicó que los niveles de agua en la parte sur de la cuenca del río, el más largo de Asia, han disminuido en 26 metros cúbicos y los márgenes de la ribera han retrocedido en varios cientos de kilómetros.
En el mar de Aral, regado fundamentalmente por las aguas de este río, la situación es todavía peor, ya que en los últimos 50 años su superficie se ha reducido a la décima parte.
Según Bouvier, el descenso del volumen de agua en la cuenca es una herencia soviética, cuando se impulsaron grandes proyectos hidroeléctricos de fuerte impacto ambiental y se destinaron importantes flujos de agua a cultivos como el algodón y el trigo, así como a los pastos para ganado, actividades no adecuadas para regiones secas.
Estas prácticas afectaron también a la calidad del agua, cuyos niveles de sal se han duplicado desde 1960, lo que tiene serias implicaciones para la salud de las comunidades que viven allí, que pueden desarrollar enfermedades de riñón, hígado y tiroides.
A estos problemas hay que añadir el cambio climático, que provocará un aumento de hasta 3 grados centígrados de la temperatura media de la zona y conllevará la evaporación de grandes cantidades de agua, lo que, junto con el incremento de la población, elevará la demanda de agua para la agricultura.
Para contrarrestar esta situación, la UNEP propone reconstruir los sistemas de riego, ya que se estima que más de la mitad del agua de regadío se pierde por filtraciones y escapes de las tuberías y por culpa de la evaporación, razón por la cual solo llegan a los cultivos entre 7.000 y 12.000 metros cúbicos por hectárea.
Uzbekistán ya ha puesto en marcha un proyecto multimillonario para reconstruir la red de riego y mejorar las perspectivas de futuro de unas 200.000 hectáreas de regadíos.
"El riego por goteo, mucho más eficiente al llevar el agua justo al lugar preciso, se está extendiendo en cada vez más regiones agrícolas de la cuenca", precisó Bouvier.
Para afrontar la degradación de los suelos, señaló, la agricultura biológica se está imponiendo como modelo, lo que además de permitir la regeneración del suelo y mejorar la calidad de los productos, que se venden a precios más altos en los mercados internacionales, supone un ahorro en fertilizantes químicos.
Vista aérea de lo que queda del mar de Aral, una masa de agua situada en Asia central cuya desertización fue la mayor catástrofe ecológica del siglo XX.
Este estudio de la UNEP, presentado en Ginebra, constituye el primer esfuerzo diplomático que establece líneas de acción comunes acordadas por los países que forman parte de la cuenca del río Amu Darya (Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) para hacer frente a la degradación y pérdida de recursos acuíferos en la zona.
"La competencia por la escasez de agua y recursos naturales que dependen de ella podría causar conflictos entre estos países, por lo que la cooperación entre ellos para implementar políticas medioambientales y agrícolas es fundamental", subrayó el director regional de la UNEP para Europa, Christophe Bouvier.
Bouvier explicó que los niveles de agua en la parte sur de la cuenca del río, el más largo de Asia, han disminuido en 26 metros cúbicos y los márgenes de la ribera han retrocedido en varios cientos de kilómetros.
En el mar de Aral, regado fundamentalmente por las aguas de este río, la situación es todavía peor, ya que en los últimos 50 años su superficie se ha reducido a la décima parte.
Según Bouvier, el descenso del volumen de agua en la cuenca es una herencia soviética, cuando se impulsaron grandes proyectos hidroeléctricos de fuerte impacto ambiental y se destinaron importantes flujos de agua a cultivos como el algodón y el trigo, así como a los pastos para ganado, actividades no adecuadas para regiones secas.
Estas prácticas afectaron también a la calidad del agua, cuyos niveles de sal se han duplicado desde 1960, lo que tiene serias implicaciones para la salud de las comunidades que viven allí, que pueden desarrollar enfermedades de riñón, hígado y tiroides.
A estos problemas hay que añadir el cambio climático, que provocará un aumento de hasta 3 grados centígrados de la temperatura media de la zona y conllevará la evaporación de grandes cantidades de agua, lo que, junto con el incremento de la población, elevará la demanda de agua para la agricultura.
Para contrarrestar esta situación, la UNEP propone reconstruir los sistemas de riego, ya que se estima que más de la mitad del agua de regadío se pierde por filtraciones y escapes de las tuberías y por culpa de la evaporación, razón por la cual solo llegan a los cultivos entre 7.000 y 12.000 metros cúbicos por hectárea.
Uzbekistán ya ha puesto en marcha un proyecto multimillonario para reconstruir la red de riego y mejorar las perspectivas de futuro de unas 200.000 hectáreas de regadíos.
"El riego por goteo, mucho más eficiente al llevar el agua justo al lugar preciso, se está extendiendo en cada vez más regiones agrícolas de la cuenca", precisó Bouvier.
Para afrontar la degradación de los suelos, señaló, la agricultura biológica se está imponiendo como modelo, lo que además de permitir la regeneración del suelo y mejorar la calidad de los productos, que se venden a precios más altos en los mercados internacionales, supone un ahorro en fertilizantes químicos.
Vista aérea de lo que queda del mar de Aral, una masa de agua situada en Asia central cuya desertización fue la mayor catástrofe ecológica del siglo XX.
La ONG Veterinarios sin Fronteras va a hacer en la estación de Chamartín una 'flashmob' para presentar, este próximo 12 de julio, la campaña 'Paren, aquí vive gente' con la que pretenden contar a la ciudadanía que la pesca en 15 años podría agotarse en África.
Más de 30 personas estarán esperando el tren "tranquilamente", aunque llevarán "cosas muy extrañas" para llamar la atención de los viajeros. "Sorprenderán especialmente tres pasajeros que aguardarán el tren con carros de supermercado donde, en vez de alimentos, portan tres maniquíes africanos con pantallas de vídeo", ha explicado la ONG.
"A una señal determinada, todas estas personas se levantarán de sus asientos y dejarán en la estación los elementos que llevan consigo, montando espontáneamente una instalación sorprendente: 'Paren, aquí vive gente'", han añadido.
Veterinarios sin Fronteras pretenden con esta campaña concienciar a millones de personas, ofrecer datos concretos de acciones de empresas que han favorecido el aumento del hambre en África, y hacer que las autoridades regulen las acciones de sus empresas fuera de su territorio.
Más de 30 personas estarán esperando el tren "tranquilamente", aunque llevarán "cosas muy extrañas" para llamar la atención de los viajeros. "Sorprenderán especialmente tres pasajeros que aguardarán el tren con carros de supermercado donde, en vez de alimentos, portan tres maniquíes africanos con pantallas de vídeo", ha explicado la ONG.
"A una señal determinada, todas estas personas se levantarán de sus asientos y dejarán en la estación los elementos que llevan consigo, montando espontáneamente una instalación sorprendente: 'Paren, aquí vive gente'", han añadido.
Veterinarios sin Fronteras pretenden con esta campaña concienciar a millones de personas, ofrecer datos concretos de acciones de empresas que han favorecido el aumento del hambre en África, y hacer que las autoridades regulen las acciones de sus empresas fuera de su territorio.
Chile: alertan saqueo de semillas nativas
Crece el temor en organizaciones ambientalistas e indígenas de Chile por la posible apropiación de semillas nativas por parte de empresas extranjeras, la apertura a cultivos transgénicos y su impacto en la biodiversidad.
El alerta se activó con diversos proyectos de ley impulsados por el gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera y en especial luego de que el Congreso legislativo ratificó el 17 de mayo el Convenio UPOV 91, que concede derechos de patente a obtentores de nuevas variedades de plantas, esto es, a quienes las hayan descubierto, creado o puesto a punto.
El pacto, de la intergubernamental Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, es una actualización de otro de 1978 al que Chile ya adhería. La ratificación del UPOV 91 era un requisito en los tratados de libre comercio que Santiago firmó con Australia, Estados Unidos y Japón.
El UPOV 91 comenzó a ser debatido en el Parlamento en 2009, pero la discusión no prosperó sino hasta la intervención de Piñera, que puso urgencia simple para su trámite en marzo de este año.
Organizaciones sociales y ambientales alertan que esto podría derivar en despojos al sector campesino, pérdida de biodiversidad y la introducción de cultivos transgénicos.
"Nosotros lo que pedíamos era que no se votara, pero el gobierno presionó y la derecha toda desea eso porque los empresarios quieren el Convenio ya, quieren empezar a resguardar sus inversiones", dijo a IPS Lucía Sepúlveda, representante de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile (RAP-AL Chile).
Se amenaza "nuestro patrimonio genético. Nuestras semillas una vez más se ponen en peligro… Sólo quedará una pequeña cantidad que no alcanzará ni siquiera para la multiplicación, quedarán como especies de museo, de lo que fue ayer", dijo a IPS Francisca Rodríguez, dirigente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI).
Desde la otra esquina, para ChileBio, asociación gremial que agrupa a las compañías Monsanto, Bayer, Dow AgroSciencies, Syngenta y Pioneer, que investigan, producen, desarrollan y comercializan cultivos genéticamente modificados, el UPOV 91 sólo trae beneficios.
"Se perfecciona un sistema ya existente. No se va a instalar un nuevo sistema ni una nueva forma de hacer agricultura en el país", dijo a IPS Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio.
Agregó que no se produciría ningún cambio en el "sistema de protección de obtentores, ni en los costos para los productores, ni de que alguien se pueda apropiar de la semilla de uso histórico".
Pero, preocupados por los posibles efectos del UPOV 91 y su falta de consulta a los pueblos indígenas, un grupo de 17 senadores presentó un requerimiento de nulidad ante el Tribunal Constitucional.
Para los parlamentarios, se reducen los privilegios del agricultor, se quebranta el derecho a la propiedad y se ponen en peligro conocimientos tradicionales de las comunidades.
Según el Convenio, una planta que no circule en el comercio general o no aparezca en un registro oficial puede ser considerada nueva o distinta. Esto posibilita que una empresa se apropie del conocimiento y biodiversidad de comunidades campesinas e indígenas, sin ley expropiatoria ni compensación alguna.
Pero el 24 de junio pasado, el Tribunal negó el recurso de nulidad. No obstante, en su fallo indicó que "correspondía al gobierno, al Congreso nacional, a los municipios y demás órganos autónomos del Estado establecer los mecanismos apropiados para realizar las consultas debidas (…) con el propósito de determinar si una medida administrativa o legislativa afecta directamente o no a los pueblos originarios" y proteger a las comunidades indígenas "ante posibles abusos".
Frente a este panorama, preocupa sobre todo que Chile carezca de "un marco regulatorio que impida que estas leyes no se conviertan en un saqueo total, un saqueo de nuestros recursos, porque se protege sólo a las grandes empresas", sostuvo Sepúlveda, autora del libro "La semilla campesina en peligro"
El alerta se activó con diversos proyectos de ley impulsados por el gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera y en especial luego de que el Congreso legislativo ratificó el 17 de mayo el Convenio UPOV 91, que concede derechos de patente a obtentores de nuevas variedades de plantas, esto es, a quienes las hayan descubierto, creado o puesto a punto.
El pacto, de la intergubernamental Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, es una actualización de otro de 1978 al que Chile ya adhería. La ratificación del UPOV 91 era un requisito en los tratados de libre comercio que Santiago firmó con Australia, Estados Unidos y Japón.
El UPOV 91 comenzó a ser debatido en el Parlamento en 2009, pero la discusión no prosperó sino hasta la intervención de Piñera, que puso urgencia simple para su trámite en marzo de este año.
Organizaciones sociales y ambientales alertan que esto podría derivar en despojos al sector campesino, pérdida de biodiversidad y la introducción de cultivos transgénicos.
"Nosotros lo que pedíamos era que no se votara, pero el gobierno presionó y la derecha toda desea eso porque los empresarios quieren el Convenio ya, quieren empezar a resguardar sus inversiones", dijo a IPS Lucía Sepúlveda, representante de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile (RAP-AL Chile).
Se amenaza "nuestro patrimonio genético. Nuestras semillas una vez más se ponen en peligro… Sólo quedará una pequeña cantidad que no alcanzará ni siquiera para la multiplicación, quedarán como especies de museo, de lo que fue ayer", dijo a IPS Francisca Rodríguez, dirigente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI).
Desde la otra esquina, para ChileBio, asociación gremial que agrupa a las compañías Monsanto, Bayer, Dow AgroSciencies, Syngenta y Pioneer, que investigan, producen, desarrollan y comercializan cultivos genéticamente modificados, el UPOV 91 sólo trae beneficios.
"Se perfecciona un sistema ya existente. No se va a instalar un nuevo sistema ni una nueva forma de hacer agricultura en el país", dijo a IPS Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio.
Agregó que no se produciría ningún cambio en el "sistema de protección de obtentores, ni en los costos para los productores, ni de que alguien se pueda apropiar de la semilla de uso histórico".
Pero, preocupados por los posibles efectos del UPOV 91 y su falta de consulta a los pueblos indígenas, un grupo de 17 senadores presentó un requerimiento de nulidad ante el Tribunal Constitucional.
Para los parlamentarios, se reducen los privilegios del agricultor, se quebranta el derecho a la propiedad y se ponen en peligro conocimientos tradicionales de las comunidades.
Según el Convenio, una planta que no circule en el comercio general o no aparezca en un registro oficial puede ser considerada nueva o distinta. Esto posibilita que una empresa se apropie del conocimiento y biodiversidad de comunidades campesinas e indígenas, sin ley expropiatoria ni compensación alguna.
Pero el 24 de junio pasado, el Tribunal negó el recurso de nulidad. No obstante, en su fallo indicó que "correspondía al gobierno, al Congreso nacional, a los municipios y demás órganos autónomos del Estado establecer los mecanismos apropiados para realizar las consultas debidas (…) con el propósito de determinar si una medida administrativa o legislativa afecta directamente o no a los pueblos originarios" y proteger a las comunidades indígenas "ante posibles abusos".
Frente a este panorama, preocupa sobre todo que Chile carezca de "un marco regulatorio que impida que estas leyes no se conviertan en un saqueo total, un saqueo de nuestros recursos, porque se protege sólo a las grandes empresas", sostuvo Sepúlveda, autora del libro "La semilla campesina en peligro"
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